Por esta masacre fueron condenadas el pasado 23 de julio, las transnacionales
petroleras OCCIDENTAL CORPORATION, REPSOL y los gobiernos de Colombia, de
Estados Unidos y de España. Caño Seco es una vereda del municipio de
Saravena en el
departamento del Arauca
(Colombia). En este lugar el estado colombiano asesinó 3 dirigentes sociales en
beneficio de transnacionales petroleras.
Hoy 5 de agosto se conmemoran cuatro años del asesinato de los dirigentes
sociales de Arauca, compañeros HECTOR ALIRIO MARTÍNEZ (presidente de la
Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca -ADUC-, LEONEL GOYENECHE GOYENECHE
(miembro de la Asociación de Educadores de Arauca - SEDAR- y de la Central
Unitaria de Trabajadores – UT) y JORGE PRIETO CHAMUCERO (presidente de la
Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia –ANTHOC-).
Los compañeros fueron asesinados con ráfagas de fusil en la madrugada del 5
de agosto de 2004, por tropas pertenecientes al grupo mecanizado Revéis
Pizarro adscrito a la Brigada XVIII del Ejército Nacional. El operativo militar
fue ordenado por el teniente coronel LUIS FRANCISCO MEDINA CORREDOR, en
su calidad de comandante del Revéis Pizarro, a través de la orden de
operación Nº 030 “tormenta 1”, con fecha 3 de agosto de 2004, bajo el mando
del subteniente ALEXANDER LEÓN RIVERO y del subteniente JUAN CARLOS ORDÓÑES
CAÑÓN. En la masacre participó el civil DANIEL CABALLERO ROZO, quien fue el
encargado de señalar a las víctimas antes de ser asesinadas. En esta operación
participaron directamente aeronaves al servicio de la OXY y tripulantes de
nacionalidad estadounidense.
Fabricando una cuartada
Posteriormente, los soldados los trasladaron hacia un lugar apartado de la
vivienda, pusieron armas cortas cerca de los cuerpos y realizaron más disparos,
con el fin de simular un enfrentamiento. Seguidamente las víctimas fueron
arrastrados por las calles y goleados en presencia de la población. A las 10:00
a.m. fueron llevados en un helicóptero a la sede del Batallón ubicado en
Saravena.
En esta misma acción fueron detenidos los dirigentes sociales SAMUEL MORALES
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores - subdirectiva Arauca- y MARIA
RAQUEL CASTRO, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca -ASEDAR- y de
la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-.
Así avanzan las investigaciones en relación con la aplicación de justicia:
La jurisdicción ordinaria emitió sentencia contra los 3 miembros del Ejército y
el informante (autores materiales) condenándolos a 40 años de prisión por el
delito de homicidio agravado. La decisión fue apelada y se encuentra pendiente
del fallo de 2ª instancia. A este
proceso no se vinculó a los oficiales de inteligencia y operación que
participaron en la planeación y diseño del crimen.
A partir de esa condena, se compulsaron copias para iniciar otra investigación a
fin de establecer la responsabilidad de presuntos autores intelectuales del
crimen; ésta se adelanta en la fiscalía, pero no ha tenido avances a la fecha.
La Procuraduría General de la Nación levantó pliego de cargos contra los autores
materiales de la masacre y los tres coroneles que participaron en la planeación,
uno de ellos el Teniente Coronel Luís Francisco Medina Corredor; este
proceso se encuentra a la espera de fallo.
Proceso de reparación: se presentó acción de reparación directa contra el Estado
Colombiano en 2006; aún se encuentra en etapa probatoria (no hay decisión aún).
Judicialización de la protesta social. Proceso penal por rebelión contra
los 2 sobrevivientes de la masacre y otros dirigentes sociales: En 2006 se
condenó a María Raquel Castro, Samuel Morales, Ismael Pabón,
Nelson Soler y Luciano Pinto. Esta sentencia fue apelada y se
encuentra pendiente de fallo de 2ª instancia. A raíz de esta condena, se ha
negado la autorización a Raquel Castro y a Samuel Morales para
salir del país a fin de participar en eventos sindicales. Ellos se encuentran en
libertad, luego de haber pasado 37 y 34 meses (respectivamente) encarcelados.
La Impunidad.
El asesinato y la detención de
dirigentes sociales, ha beneficiado única y exclusivamente la explotación
petrolera en la región, pero las transnacionales responsables continúan
saqueando del recurso,
destruyendo la biodiversidad y
aterrorizando la población.
Los autores intelectuales no han sido juzgados, menos aun condenados por
la justicia colombiana, estos crímenes se mantienen en total impunidad.
El Tribunal Permanente de los Pueblos.
Hace menos de dos semanas, sesionó en Colombia la audiencia final del Tribunal
Permanente de los Pueblos y esto fue lo que dijo en relación con las
transnacionales condenadas OXI y REPSOL:
“Si hubiera que elegir a una empresa especialmente implicada en todo este drama
de muerte tal vez la más significada sea OCCIDENTAL CORPORATION, que
opera en Colombia a través de sus filiales OCCIDENTAL DE COLOMBIA Y OCCIDENTAL
ANDINA, y que es generalmente conocida como OXY.
Esta empresa fue promotora del “Plan
para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, más conocido como
“Plan Colombia”, beneficiaria directa de asistencia militar en el marco
de dicho Plan, posee pistas de aterrizaje que son utilizadas en los operativos
militares y forma parte, como única empresa presente, de organismos oficiales de
coordinación de toda la estrategia y militar del Plan Colombia, como el Centro
de Coordinación de Acción Integral, junto con el Gobierno de Colombia, la
Embajada de los Estados Unidos, USAID y el Comando Sur del ejército de
los Estados Unidos, entre otras instituciones.
Sus funciones son ser el Centro Interinstitucional liderado por la Presidencia
de la República, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur,
que Garantiza legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas
estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la
Policía y Desarrolla acciones integrales de tipo económico y social para
complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la
Recuperación Social del Territorio.”
Falsas Declaraciones
Esto fue lo que dijo en relación con el estado colombiano: “El Ejército informó
que habían realizado una operación con el fin de dar captura a miembros de las
organizaciones insurgentes ELN y FARC, afirmación que, de paso, utilizó para
iniciar la respectiva investigación en la jurisdicción penal militar.
¿Excusa y justicicación? ¡Juzgue usted!
El juzgado penal del circuito de
Saravena condenó a
SAMUEL MORALES, RAQUEL CASTRO y otros dirigentes sociales de la región, a 6 años
de prisión por el delito de rebelión, lo que se utilizó para justificar la
masacre, al cubrir a las víctimas con el manto de la misma acusación.”
El futuro.
A cuatro años de la masacre continuamos exigiendo justicia; que el mundo conozca
que el estado colombiano con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, a
través de acciones terroristas como bombardeos contra la población, masacres,
contaminación de aguas, entre otras, facilitan la extracción de los recursos
naturales de los colombianos en beneficio de las transnacionales.
Continuamos exigiendo que los responsables intelectuales sean condenados; por
eso saludamos el fallo del Tribunal permanente de los Pueblos y haremos de él
una herramienta de lucha contra el terror transnacional y por la soberanía de
los colombianos.
A cuatro años de la masacre las Organizaciones Sociales de Arauca avanzan en la
construcción del Plan Integral de Vida, como proceso de resistencia, búsqueda
del bienestar para la población y ejemplo de organización, movilización y vida.
