El 18 de enero de 1989 se encontraba una instrucción criminal de 15 trabajadores judiciales, 14 hombres y una mujer en embarazo*, repartiendo citaciones a indagatoria y haciendo preguntas a los habitantes de La Rochela, municipio de Simacota en Santander, con el fin de averiguar acerca de la masacre y desaparición de 19 comerciantes en 1987.

A este caserío donde se encontraban, en la mitad del camino entre Bucaramanga y Barrancabermeja, llegaron más de 25 hombres fuertemente armados que vestían de camuflados y se identificaron como miembros de las FARC. Éstos les preguntaron las razones de su estancia en el lugar y aseguraron que tenían información para colaborar en el esclarecimiento de los hechos que investigaban.

“Al principio nos dieron mucha confianza, nos ofrecieron apoyo y seguridad. Por eso no dejamos de hacer nuestra labor”, dice Wilson Mantilla, uno de los integrantes del grupo judicial, pero a las 11 de la mañana regresaron diciendo que se acercaba el Ejército y los metieron a todos a la inspección de policía de La Rochela. “Ahí todos pensábamos, pero no hablábamos”, recuerda Mantilla.

Con artimañas y presión, los amarraron, asegurando que se trataba de la forma cómo los protegerían de una emboscada del Ejército. Les pidieron que se montaran en las camionetas en que habían llegado, desarmados, y los trasladaron 3 kilómetros en dirección a Barrancabermeja en un sitio conocido como La Laguna. “Ahí en los carros ya no estábamos tranquilos, pero nadie comentaba nada, aunque creíamos que máximo nos quitaban los expedientes”, cuenta Mantilla.

Los dos carros, conducidos por los hombres desconocidos y escoltados por otra camioneta, pararon de golpe. Uno de los hombres se bajó, caminó hasta una colina, e hizo una seña, de inmediato otro pegó un tiro al aire como anuncio de que no había moros en la costa. De repente, empezó el tiroteo, más bien una ráfaga sin tregua, como lo describe Mantilla como si fuera ayer, que acribilló a los quince funcionarios sentados adentro de los vehículos.

“Uno ya sabe que se va a morir, ya en esa situación se siente cierta tranquilidad de que uno no va a morir solo, de que está rodeado por los compañeros “, relata Mantilla. Uno de los momentos que Mantilla recuerda con más precisión y dolor fue cuando su compañera Mariela, que estaba embarazada, le rogó a quien le apuntaba con el arma: “no lo haga por favor”. Sin embargo, nada más que la orden de asesinarlos tenían en mente.

Poco a poco los fueron bajando al piso para darles un tiro de gracia, lo que no sucedió con Wilson Mantilla, Manuel Libardo Díaz y Arturo Salgado, acaso por creer que estaban muertos. Heridos, con el pánico de tener la muerte enfrente y la respiración contenida, estos tres hombres sobrevivieron para contar lo sucedido. Colgados de la parte trasera de un camión repartidor de gaseosas huyeron del lugar de la tragedia Mantilla y Díaz, y horas más tarde, lo hizo Salgado con la ayuda de los periodistas del periódico Vanguardia Liberal.

Gracias a los testimonios de los sobrevivientes, que duraron más de dos meses hospitalizados recuperándose de las múltiples heridas, se supo que quien dirigió los homicidios y se hizo pasar por comandante de las Farc fue Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, dirigente del grupo paramilitar Los Masetos, que operaba en el sur del Magdalena Medio.

Sólo pasado el tiempo, los tres sobrevivientes se percataron de que el líder paramilitar había sido uno de los responsables de la masacre de los 19 comerciantes en Cimitarra en 1987, la misma que investigaban aquel 18 de enero. Además porque los victimarios robaron los documentos que llevaban consigo los investigadores.

Aunque los perpetradores de los hechos dejaron señales que evidenciaban que los responsables eran las FARC, con los testimonios y las investigaciones posteriores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudo concluir que “los paramilitares buscaban impedir que la Comisión Judicial esclareciera varios hechos de violencia que habían ocurrido en la región del Magdalena Medio en los dos últimos años”.

La Corte Interamericana se pronuncia

En 1990, las familias de las personas asesinadas y uno de los sobrevivientes, Salgado, impusieron una demanda al Estado colombiano, la cual derivó en una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, a raíz de una denuncia realizada por las familias de los 19 comerciantes desaparecidos por los paramilitares en el Magdalena Medio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ocupó del caso de La Rochela.

Después de las investigaciones correspondientes, en 2005 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por esta matanza y no sólo lo obligó a reparar a las víctimas sobrevivientes

y a las familias de los fallecidos, sino que pidió reabrir investigaciones para castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre. Se han señalado como responsables, por acción u omisión, a varios oficiales de las Fuerzas Militares. (Descargar sentencia completa)

Según la Corte Interamericana, ese es el caso de los generales retirados Farouk Yanine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado -ya fallecido-, Manuel Murillo, Juan Salcedo Lora, José Alfonso Vacca  Perilla y el teniente Andrade -quien les prestó a los paramilitares las armas, los vehículos y los uniformes-, así como otros varios oficiales y coroneles de menor rango.

En junio de 2009 fueron llamados a indagatoria los generales Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla y se dictará medida de aseguramiento en contra de alias 'Ernesto Báez', lo que podría complicar su situación en Justicia y Paz. (ver nota completa)

Otros paramilitares presuntamente involucrados son Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez”, Ricardo Antonio Ríos, Ramón Isaza Arango y José Anselmo Martínez Bernal.

Además, Mantilla reflexiona que incluso los mismos habitantes de La Rochela fueron quienes avisaron a los paramilitares de la visita de la Comisión Judicial.

“Del Estado colombiano he recibido una indemnización gracias a la sentencia de la Corte. Eso compensa el daño económico, pero jamás compensará el dolor”, dice Mantilla. Como lo dijo la Corte, el Estado pidió perdón a las víctimas a través de un acta, entre  2005 y 2006 se hizo un memorial de agravios en la Cancillería.

En la Fiscalía hoy existe una placa como homenaje a las víctimas  y este año con motivo de los 20 años de la tragedia, se pondrá una en San Gil, Santander. Otra forma de indemnización es la integración de los familiares de las víctimas a la institución, cuenta Mario Salgado, hijo de uno de los sobrevivientes, quien hoy trabaja en la Fiscalía en Bogotá. Se sigue esperando la asistencia psicológica y la institución debe asumir la educación de los hijos de las víctimas.