El Pacto Ralito

23/Jul/2001

El 25 de Noviembre de 2006 el senador Miguel de la Espriella en entrevista con el diario el Tiempo confirmó que en el año 2001 llegó una citación de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso a políticos de diferentes regiones del país y distintas tendencias.

La reunión tuvo lugar en el corregimiento de Ralito en Córdoba y culminó con la firma de un documento que el país conoció como el “Pacto de Ralito”, en el que paramilitares y políticos de diferentes regiones acordaron "refundar al país". Ese pacto no fue el único; otros pactos, verbales y escritos, entre paramilitares y políticos o funcionarios públicos dejaron en evidencia que la parapolítica se dio antes y después de las elecciones de Congreso de 2002, y con el objeto no sólo de poner candidatos “amigos” en diferentes cargos de elección popular y corporaciones públicas, sino además de ejercer funciones de gobierno y estado. A continuación se resume el alcance y consecuencias de los pactos que se han conocido hasta hoy y que constatan el alcance del proyecto de poder promovido por el narcoparamilitarismo.

Por otra fuente, de detalla el siguiente dato:

Este acuerdo se firmó el 23 de julio de 2001, en la finca del paramilitar Salomón Feris Chadid, alias '08', en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta (Córdoba), por cerca de 100 dirigentes políticos de la Costa Caribe. Entre los firmantes estaban los ex jefes paramilitares 'Jorge 40?, 'don Berna', Salvatore Mancuso, Diego Vecino y por la clase política figuraban los gobernadores de Sucre y Córdoba y congresistas, alcaldes y dirigentes ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.

El acuerdo se firmó en Córdoba en el 2001, por fuera del marco legal del proceso de paz que adelantaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Al darse a conocer en el 2006, se produjo un escándalo nacional que dejó como protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba documental del alcance y penetración política de las AUC.

El 20 de marzo de 2007 el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto. La Corte Suprema por su parte llamó a indagatoria a los congresistas: José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la Espriella, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra esos congresistas y la Fiscalía contra la ex representante Eleonora Pineda. Todos fueron acusados del delito de concierto para delinquir agravado, ya que existían indicios y pruebas sólidas que demostraban que los firmantes se habían beneficiado políticamente del acuerdo y que lo habían suscrito voluntariamente.